El adulterio ya no es delito en muchos países, pero la ley lo sigue castigando de forma desigual

La tendencia general es clara. En las últimas décadas, los tribunales y legislaturas de muchas democracias han dejado de tratar el adulterio como un delito público. En 2018, la Corte Suprema de la India anuló la Sección 497 del código penal. Era una norma de la época colonial que criminalizaba el adulterio tratando a las mujeres casi como propiedad de sus esposos. El tribunal declaró la ley inconstitucional y basó su fallo en la privacidad, la dignidad y la igualdad. El Tribunal Constitucional de Corea del Sur llegó a una conclusión similar en 2015. Puso fin a una prohibición que había llevado a decenas de miles de personas ante la justicia durante varias décadas. En Estados Unidos, todavía existen viejas leyes contra el adulterio en algunos estados. Pero los juicios son raros y los tribunales ahora suelen ver la conducta íntima bajo las protecciones de privacidad de la ley constitucional moderna.

Sin embargo, la eliminación del castigo penal no es algo global. En varios países, el adulterio sigue siendo un delito bajo códigos penales influenciados por la religión, la ley colonial o ambas. En partes de Medio Oriente y África, y en sistemas legales que aplican leyes religiosas sobre familia o moralidad, los casos de adulterio todavía llegan a las comisarías y los tribunales. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado repetidamente cómo estas leyes se aplican de forma selectiva y a menudo con un grave sesgo de género. En algunas jurisdicciones, la carga de la prueba es técnicamente alta. Pero en la práctica, los casos surgen por embarazos fuera del matrimonio, mensajes de texto, registros de hoteles o quejas de vecinos. Esto significa que la ley puede convertirse en una herramienta no solo de castigo, sino también de control familiar e intimidación social.

El desequilibrio de género es uno de los patrones más claros. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas ha advertido que las leyes de adulterio a menudo violan los derechos a la privacidad y la igualdad. Esto se debe a que se aplican de maneras que persiguen a las mujeres más que a los hombres. Una mujer puede enfrentar cargos penales porque un embarazo es visible. Un hombre en la misma relación puede negar la paternidad o evitar el escrutinio. En algunos sistemas, las mujeres también enfrentan una carga más pesada en el divorcio si se alega adulterio. Especialmente donde las reglas basadas en la culpa afectan la manutención o el acceso a los hijos. Incluso cuando el texto de la ley parece neutral, su aplicación a menudo no lo es.

La ley también tiene importancia fuera de los tribunales penales. En muchos países, el adulterio sigue siendo una causa para el divorcio por culpa. Puede que suene anticuado, pero todavía influye en los resultados reales. En Inglaterra y Gales, el adulterio era uno de los hechos formales para obtener el divorcio antes de que la reforma de divorcio sin culpa entrara en vigor en 2022. En muchos estados de EE. UU., el adulterio todavía puede influir en las disputas sobre pensiones alimenticias y bienes, aunque su peso varía mucho según la jurisdicción. En partes de América Latina, Europa y Asia, las reformas legales han reducido el papel central de la culpa. Pero los jueces de familia aún pueden considerar indirectamente la mala conducta matrimonial al decidir sobre dinero, vivienda o dónde vivirán los hijos. Lo que parece una traición privada puede convertirse rápidamente en una palanca legal.

Esa palanca legal puede tener consecuencias peligrosas. Académicos y grupos de derechos humanos han argumentado durante mucho tiempo que las leyes de adulterio no protegen a las familias, sino que invitan a la coacción. Las acusaciones pueden usarse para presionar a un cónyuge en peleas por la custodia, chantajear a una pareja para que entregue bienes o justificar la vigilancia de teléfonos y movimientos. En algunos países, mujeres que denuncian una agresión sexual han enfrentado cargos de adulterio si las autoridades creen que no pueden probar la falta de consentimiento. Ese riesgo ha sido documentado por defensores de derechos internacionales en varios sistemas legales donde el sexo fuera del matrimonio sigue siendo un delito. El efecto es disuasorio. Disuade a las víctimas de buscar ayuda y le da a las parejas abusivas otro medio de control.

También existe un problema transfronterizo oculto. Cada vez más personas viven, trabajan, se casan y se divorcian a través de diferentes sistemas legales. Una aventura que no conlleva riesgo penal en un país puede exponer a alguien a un juicio, detención o a perder la custodia de sus hijos en otro. Migrantes, expatriados y parejas internacionales pueden verse atrapados por reglas que no esperaban. Los expertos en derecho de familia a menudo advierten que los residentes extranjeros en los estados del Golfo, por ejemplo, pueden asumir que las normas de su país de origen se aplican a su vida privada, cuando no es así. Incluso donde las leyes penales se han suavizado, las reglas de inmigración y de estado familiar todavía pueden hacer que la conducta íntima resulte legalmente costosa. Ese desajuste entre las expectativas personales y la ley local es cada vez más importante a medida que las familias transfronterizas se vuelven más comunes.

¿Por qué perduran estas leyes? Parte de la respuesta es el simbolismo político. Los gobiernos a menudo defienden las prohibiciones del adulterio como algo necesario para proteger la moral, el matrimonio o el orden social. Pero la historia legal muestra que también están ligadas a ideas más antiguas sobre la herencia, la legitimidad y el control masculino sobre las líneas familiares. En los sistemas legales coloniales, las leyes de adulterio a menudo reflejaban la moral victoriana en lugar de las costumbres locales. En los sistemas legales religiosos, los legisladores pueden presentar una reforma como un desafío a la tradición misma. Eso dificulta el cambio, incluso cuando los juicios son raros. Una ley puede sobrevivir durante décadas simplemente porque envía un mensaje, no porque resuelva un problema.

La evidencia sugiere que resuelven muy poco. Las investigaciones sobre el divorcio y la estabilidad familiar generalmente señalan el estrés económico, el abuso de alcohol, la violencia doméstica y la carga desigual de los cuidados como causas más fuertes de la ruptura matrimonial que la ley penal. Los países que despenalizaron el adulterio no han mostrado señales claras de que la amenaza de prisión preserve el matrimonio. En cambio, la reforma legal ha tendido a trasladar las disputes al derecho civil de familia. Allí el Estado puede centrarse en el apoyo, la seguridad y los hijos, en lugar del castigo. El fallo de la India de 2018 reflejó esa lógica directamente. El tribunal no apoyó la infidelidad. Dijo que la ley penal era la herramienta equivocada.

Está surgiendo un mejor enfoque legal, aunque de forma desigual. La despenalización es el primer paso, especialmente en sistemas donde el adulterio puede provocar arrestos o castigos corporales. El segundo es una reforma del divorcio que reduzca el incentivo de usar las acusaciones como un arma. Las leyes de divorcio sin culpa, mayores protecciones a la privacidad y límites claros a la vigilancia digital entre cónyuges pueden rebajar la tensión en las disputas familiares. Los tribunales también necesitan mejores reglas para asegurar que las acusaciones de adulterio no socaven las denuncias de violencia doméstica ni se conviertan en un atajo para discriminar a las mujeres en los casos de custodia. A nivel internacional, los gobiernos podrían hacer más para advertir a los viajeros y trabajadores extranjeros sobre los riesgos de las leyes de familia locales, que a menudo están ocultos en la letra pequeña y los rumores.

La pregunta de fondo es para qué sirve el sistema de justicia. Si el objetivo de la ley es prevenir el daño, proteger los derechos y resolver disputas de manera justa, las leyes sobre el adulterio a menudo no cumplen ese objetivo. No sanan la confianza. Rara vez protegen a los niños. Pueden profundizar la desigualdad y premiar el control. En todo el mundo, los legisladores están reconociendo lentamente que una traición íntima puede ser dolorosa. Pero el dolor por sí solo no es una base sólida para el castigo penal. Hasta que ese principio se aplique de manera más consistente, el significado legal de una aventura seguirá dependiendo en gran medida de dónde se encuentre una frontera y de quién es juzgado cuando un matrimonio se rompe.