Ayudar a extraños en la frontera se está convirtiendo silenciosamente en un delito

Este no es un problema teórico. Las investigaciones han documentado un drástico aumento en el número de personas procesadas por lo que se ha denominado la “criminalización de la solidaridad”. Desde 2015, solo en Europa, cientos de personas han sido investigadas, acusadas o condenadas por actos tan simples como ofrecer cargar un teléfono, una comida o llevar en auto a una persona necesitada. Un informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea señaló cómo las leyes nacionales, redactadas de forma ambigua y originalmente diseñadas para combatir el tráfico de personas, se están utilizando ahora contra quienes prestan ayuda para salvar vidas.

En el mar Mediterráneo, las tripulaciones de los barcos de rescate no gubernamentales han enfrentado batallas legales de años, con barcos confiscados y personal acusado de colaborar con traficantes. En Grecia, voluntarios que ayudaron a refugiados que llegaban en botes han sido acusados de espionaje. En la frontera entre Estados Unidos y México, trabajadores humanitarios que dejan agua en el mortal desierto de Arizona han sido procesados por sus acciones. Este patrón revela una estrategia coordinada, no solo una serie de incidentes aislados. Los gobiernos están borrando deliberadamente la línea que separa el crimen organizado de la ayuda compasiva.

La causa de fondo de esta tendencia es un cambio fundamental en la política migratoria. Durante décadas, la estrategia dominante ha sido la disuasión. La lógica es que si el viaje se hace lo suficientemente difícil y peligroso, la gente dejará de intentar cruzar las fronteras de forma irregular. Procesar a quienes ofrecen ayuda es el siguiente paso en esta estrategia. Su objetivo es eliminar la red de seguridad que brindan los humanitarios, por muy frágil que sea. Al hacer que el acto de ayudar sea arriesgado, las autoridades esperan crear un “efecto disuasorio”, desalentando a los ciudadanos a intervenir y dejando a los migrantes completamente aislados.

Esta política también es políticamente conveniente. Permite a los gobiernos presentar la migración como una amenaza a la seguridad en lugar de un problema humanitario. Al presentar a los trabajadores humanitarios como facilitadores de actividades ilegales, pueden desviar la responsabilidad de las crisis fronterizas y reforzar un discurso de mano dura con la migración. A las ONG se las acusa con frecuencia de actuar como un “factor de atracción”, una afirmación que la mayoría de las investigaciones sobre migración han determinado que no tiene fundamento. Los estudios muestran consistentemente que los principales impulsores de la migración son los conflictos, la persecución, la desesperación económica y la inestabilidad climática, y no la remota posibilidad de ser rescatado en el mar.

Las consecuencias de esta represión legal son profundas y mortales. El impacto más inmediato es la creación de un vacío de ayuda. Cuando las principales organizaciones y los ciudadanos temen ser procesados, menos gente está allí para ayudar a quienes están en peligro. Esto contribuye directamente al creciente número de muertes en las rutas migratorias. El Mediterráneo Central, por ejemplo, se ha convertido en uno de los cruces fronterizos más letales del mundo, una realidad agravada por la obstrucción de las operaciones de búsqueda y rescate de las ONG. La gente no deja de moverse; simplemente muere en mayor número, lejos de la vista y olvidada por todos.

Además, la criminalización de la solidaridad erosiona el Estado de derecho y los derechos humanos fundamentales. Socava el deber internacionalmente reconocido de rescatar a personas en peligro en el mar, un principio consagrado en el derecho marítimo durante siglos. Enfrenta las obligaciones legales de un ciudadano con su conciencia moral, creando una sociedad donde se enseña a la gente a mirar hacia otro lado. Esto crea un precedente peligroso que va más allá de la migración y pone en duda el papel mismo de la sociedad civil para exigir responsabilidades al poder del Estado.

Abordar esto requiere una respuesta clara y decidida. Organizaciones de derechos humanos y expertos legales han pedido una reforma urgente de la legislación. El paso más crucial es que las naciones introduzcan una “exención humanitaria” en sus leyes. Dicha cláusula distinguiría explícitamente entre los actos de tráfico con fines de lucro y los actos de ayuda prestados por motivos puramente humanitarios. Esto protegería a individuos y organizaciones de ser procesados por su trabajo para salvar vidas, reafirmando el principio de que salvar una vida nunca es un delito.

La concienciación pública también es crucial. El discurso que presenta a quienes ayudan como delincuentes debe ser rebatido con hechos e historias que revelen la realidad humana en la frontera. Apoyar a las organizaciones que son blanco de ataques legales y financieros por su trabajo envía un poderoso mensaje de que la solidaridad no se dejará intimidar hasta callar. El enfoque debe pasar de castigar a quienes ayudan a abordar las causas de fondo del desplazamiento forzado y a crear vías seguras y legales para que la gente busque asilo y oportunidades.

En última instancia, la forma en que una sociedad trata a quienes ayudan a los vulnerables es una prueba de su carácter. Las batallas legales que libra un puñado de voluntarios en tribunales desde Arizona hasta Atenas no se tratan solo de la política migratoria. Se tratan del tipo de mundo en el que queremos vivir: uno donde la compasión se celebre, y no sea perseguida. Permitir que la criminalización de la decencia humana básica continúe sin control no solo no resuelve los complejos desafíos globales, sino que también erosiona los cimientos morales que todos compartimos.