Petro arremetió contra magistrado que suspendió la intervención en Coosalud: pidió demandarlo y acusó a la justicia de “apoyar criminales”

La polémica se encendió a raíz de la decisión del magistrado Luís Miguel Villalobos Álvarez, del Tribunal Administrativo de Bolívar, quien decretó la suspensión provisional de la intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud en noviembre de 2024 y prorrogada en 2025. En su auto, el tribunal argumentó que no se observaron mejoras significativas en la gestión de Coosalud desde que el Gobierno tomó su control. Por el contrario, la providencia judicial señaló un "deterioro progresivo y profundo" en las finanzas y en la prestación de servicios, citando un aumento del 32% en quejas y reclamos y más de 20,000 acciones de tutela solo en 2025.

Esta medida judicial representa un revés para la estrategia del presidente Petro, quien ha utilizado la intervención de Entidades Promotoras de Salud (EPS) como una herramienta central para transformar el sistema de salud del país. Desde el inicio de su mandato, el Gobierno ha tomado control de varias de las EPS más grandes, como Sanitas, Nueva EPS y Famisanar, argumentando la necesidad de corregir fallas estructurales y un modelo "mercantil" que, según el presidente, ha perjudicado a los ciudadanos. Estas acciones han puesto bajo administración estatal la salud de casi la mitad de la población colombiana.

La reacción del presidente Petro no se hizo esperar y fue contundente. A través de sus redes sociales, reiteró sus acusaciones de corrupción contra la antigua administración de Coosalud y criticó que la justicia frenara la intervención. Estas declaraciones se producen en un contexto ya tenso, pues Petro enfrenta una sanción por desacato impuesta por un juzgado de Bogotá por no haberse retractado de señalamientos similares contra el exgerente de la misma EPS. El mandatario ha afirmado públicamente que no se callará ante lo que considera "el robo de la salud", aunque esto le cueste multas o incluso la cárcel.

Con esta suspensión, el control de Coosalud debe regresar a sus administradores originales mientras la justicia toma una decisión de fondo. La Superintendencia de Salud, como entidad demandada, previsiblemente apelará el fallo, lo que augura una prolongada batalla legal. Mientras tanto, el choque de poderes agudiza la incertidumbre para millones de afiliados y para el sector salud en general, que se encuentra en medio de la pugna entre la visión reformista del Gobierno y los contrapesos institucionales de la rama judicial y los organismos de control.