La ciudadanía por nacimiento en EE. UU., en juego ante la Corte Suprema

El centro del asunto es la Cláusula de Ciudadanía de la Enmienda 14, ratificada en 1868. La cláusula establece: "Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en el que reside". Durante más de 150 años, esta cláusula se ha entendido en general como un derecho que confiere la ciudadanía por nacimiento. Esta interpretación fue consolidada por la Corte Suprema en el caso de 1898 *United States v. Wong Kim Ark*. La corte afirmó que un niño nacido en EE. UU. de padres inmigrantes no ciudadanos era ciudadano desde su nacimiento. La enmienda se aprobó originalmente después de la Guerra Civil para garantizar la ciudadanía a los afroamericanos anteriormente esclavizados, anulando explícitamente la decisión de 1857 de la Corte Suprema en el caso *Dred Scott*, que les había negado la ciudadanía.

La batalla legal actual se desató el 20 de enero de 2025. Ese día, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva para poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados y de personas con visas temporales nacidos en EE. UU. La orden instruía a las agencias gubernamentales a dejar de emitir documentos que reconocieran dicha ciudadanía. Los tribunales federales bloquearon rápidamente la orden para que no entrara en vigor mientras los procesos legales continuaban. El asunto ha llegado ahora a la Corte Suprema, que escuchó los argumentos orales en el caso *Trump v. Barbara* el 1 de abril de 2026. Se espera una decisión para principios del verano de 2026.

Quienes apoyan la orden ejecutiva argumentan que la frase "sujeta a su jurisdicción" en la Enmienda 14 ha sido malinterpretada. Sostienen que la intención de esta frase no era otorgar la ciudadanía a los hijos de personas que se encuentran en el país ilegalmente o de forma temporal, ya que esos padres deben lealtad a un gobierno extranjero. Este punto de vista sugiere que estar sujeto a las leyes de EE. UU. no es lo mismo que estar bajo su completa jurisdicción política. También sugiere que el Congreso debería tener la autoridad para definir los límites de la ciudadanía por nacimiento a través de la legislación. Esta reinterpretación busca alinear la política estadounidense con la de muchas otras naciones que basan la ciudadanía en la nacionalidad de los padres, un principio conocido como *jus sanguinis*, en lugar del lugar de nacimiento.

Por el contrario, los opositores de la orden ejecutiva sostienen que esta desafía el texto claro de la Constitución, los precedentes legales establecidos y los valores fundamentales de la nación. Argumentan que la Enmienda 14 fue diseñada intencionalmente para ser amplia e inclusiva, evitando que una mayoría política negara la ciudadanía a grupos desfavorecidos. Organizaciones de derechos civiles y expertos legales afirman que poner fin a la ciudadanía por nacimiento crearía una subclase permanente y multigeneracional. Estaría formada por personas nacidas y criadas en EE. UU. pero a las que se les negarían los derechos y protecciones de la ciudadanía. Esto podría llevar a una serie de problemas sociales y económicos. Por ejemplo, podría dejar a algunos niños sin nacionalidad, crear cargas administrativas significativas para todos los ciudadanos que necesiten demostrar su estatus y disuadir a las familias inmigrantes de acceder a servicios esenciales como la atención médica. Los estudios también sugieren que se perderían importantes contribuciones económicas de los ciudadanos por nacimiento, lo que podría costarle a la economía de EE. UU. billones de dólares a largo plazo. Mientras la nación espera el fallo de la Corte Suprema, el caso subraya las profundas divisiones sobre la inmigración, la identidad nacional y el alcance del poder ejecutivo.